Crisis de legitimidad o crisis de la gobernabilidad democrática?

Honduras un año después del golpe de Estado:

Crisis de legitimidad o crisis de la gobernabilidad democrática?[1]

Karen Bähr Caballero

Instituto de Estudios del Desarrollo
Universidad Católica de Lovaina.

Una de las primeras interrogantes que surgieron con el golpe de Estado en Honduras, se refería al papel de Estados Unidos tanto en la crisis como en su desenlace[2]. Esta cuestión todavía es pertinente, pues tanto el discurso como la práctica de Washington siguen siendo ambiguos y contradictorios. No se puede negar que la condena de un golpe contra un líder político “muy crítico de las políticas estadounidenses” por parte del Presidente Obama y las tibias medidas tomadas contra los golpistas, constituyeron un hecho inédito en la historia de las relaciones entre los EEUU y América Central. Y sin embargo, EEUU también apoyó el acuerdo San José/Tegucigalpa, que permitió a los golpistas pasar la página de Zelaya, convocar a elecciones y consolidar el golpe. Hoy día, el gobierno estadounidense es el principal aliado del gobierno de Porfirio Lobo en su búsqueda de reconocimiento internacional, a pesar de la escasa legitimidad de su gobierno, del aumento de las violaciones a los derechos humanos y de la aplicación de lo que aparece como una estrategia de represión selectiva. Ahí donde las organizaciones de derechos humanos denuncian el asesinato de doce militantes de la resistencia; de nueve periodistas -desde enero del 2010-, seiscientos casos de tortura y tratos crueles y degradantes y el atentado sistemático contra la libertad de reunión, expresión y de prensa, etc., la Secretaria de Estado de EEUU ve los esfuerzos de Lobo a favor de la reconciliación nacional y un compromiso con la gobernabilidad y la democracia.

¿Cómo explicar este vaivén entre el tibio rechazo y el apoyo activo?

Sin menoscabar la importancia de factores coyunturales de política interna que pueden pesar en la balanza, en los párrafos siguientes proponemos considerar el papel de EEUU en el golpe de Estado en Honduras como un intento por gestionar la primera crisis del modelo de gobernabilidad democrática de libre mercado en la región. Este modelo viene siendo impulsado por EEUU desde los años 90's, directa o indirectamente a través de las instancias financieras internacionales, en Honduras como en otros países pobres del mundo.

En efecto, con la pérdida de legitimidad del ajuste estructural como medida de choque, el discurso dominante sobre el desarrollo se reformula planteando la restructuración como una estrategia de largo plazo, capaz de crear un ambiente propicio para el crecimiento económico y ofrecer un alivio a la pobreza. Para lograrlo, se afirma, es indispensable favorecer las condiciones institucionales adecuadas; es decir, la gobernabilidad democrática. Según el discurso de la gobernabilidad, en un mundo organizado alrededor de un eje global/local, el gobierno debe ejercerse a través de una interacción en red de los sectores público, privado y la denominada sociedad civil. En esta concepción del buen gobierno, el Estado ya no ejerce su rol de regulador social. Más bien, debe cumplir una función de facilitador para que el mercado regule la sociedad según sus reglas y para que un tercer sector, la sociedad civil, pueda monitorearlos a ambos.

Este énfasis en los actores no estatales es coherente con un modelo económico que pugna por eliminar las llamadas distorsiones que el Estado genera cuando interviene en el proceso de acumulación. Igualmente coherente es el vínculo teórico entre democracia y libre mercado. Por un lado, la gobernabilidad es buena para el mercado ya que “atrae capital, favorece el crecimiento económico, mejora la asistencia social e impulsa a los países en el camino de la transformación hacia el desarrollo”[3].

Por otra parte, el crecimiento económico es una condición indispensable para la democracia ya que “Sin prosperidad económica y sin la capacidad de satisfacer las necesidades básicas, los avances de la democracia pueden verse amenazados[4].

En Honduras, la gobernabilidad hace parte del Programa “Democracia”, uno de los cinco programas impulsados por la US Agency for International Development -principal fuente de financiamiento bilateral para el país-, junto con Desarrollo Económico, Medio Ambiente, Salud y Educación[5]. En los años 2000's, la gobernabilidad pasó a integrar la agenda securitaria de los Estados Unidos, con el objetivo de favorecer la apropiación de la “agenda de la libertad” y presentarla ya no como una imposición externa sino como una demanda de la sociedad civil. Para el 2004, USAID era el mayor “democracy donor” en el mundo, con 1.2 billones de dólares)[6]. En Honduras, EEUU siguió apoyando los procesos de descentralización, la participacion de las minorías (pueblos indígenas y mujeres), al mismo tiempo que intensificó el financiamiento de contrapartes locales – ong, grupos de presión, think tanks, sindicatos- comprometidos con la agenda de democracia, el buen gobierno y el libre mercado. Tal es el caso de la Unión Cívica Democrática, financiada por USAID, el National Endowment for Democracy y el International Republican Institute. La UCD, cuya misión autoproclamada es la defensa de la democracia en Honduras, es una red integrada por diversas organizaciones. Según fuentes extra-oficiales se trataría de una cuarentena de entidades entre las que figuran el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el Arzobispado de Tegucigalpa, la Federación Hondureña Trabajadores, medios de comunicación y otras. El sitio oficial de esta organización altamente comprometida con la transparencia no ofrece ninguna información con respecto a sus miembros...

Asistencia de la USAID a Honduras en Democracia y Gobernabilidad

Presupuesto	AF 2008	AF 2009	AF 2010	AF 2011 (solicitado)
Total en millones (redondeado) US$	3.4	6.5	9.5	12.4

Fuente: www.usaid.gov/hn/downloads/Fact_Sheet_Spanish_%20DG.pdf

Ahora bien, la imposición de la gobernabilidad como condicionante para acceder al financiamiento externo, no hubiera sido posible en Honduras si internamente no hubiera existido un consenso implicando a distintos grupos sociales. Así, para una parte de la clase dominante, la gobernabilidad es una condición y una oportunidad para sacar provecho del mercado globalizado. Una parte de la clase media y popular entendió la gobernabilidad como un mecanismo para profundizar la democracia, reforzar del Estado de derecho, garantizar el respeto de los derechos humanos y erradicar la corrupción, característica del ejercicio de poder por parte de las elites locales. Finalmente, la gobernabilidad prometía a los sectores populares una gestión transparente y eficaz de los recursos para luchar contra la pobreza.

Es así como el discurso de la gobernabilidad ha permitido movilizar recursos y generar políticas que han favorecido cierto avance de la democracia formal y la apertura de algunos espacios de participación para nuevos actores sociales.

Sin embargo, la gobernabilidad también ha legitimado e impulsado la continuidad de las políticas de restructuración económica y de reducción del Estado, justificadas ahora en nombre de la descentralización, la rendición de cuentas y la gestión transparente de las finanzas públicas. En la práctica, al dejar fuera del debate político temas clave como la distribución y la política económica (definida casi por completo por el FMI), la gobernabilidad delimita el ejercicio democrático de manera que no afecte al crecimiento económico, aún y cuando las estrategias para alcanzar éste último agraven la desigualdad social.

Esta contradicción generó un aumento considerable de la tensión y la polarización social; sin embargo, por otro lado, también fue aprovechada por algunos actores para ampliar los espacios permitidos por la gobernabilidad de mercado. Quisiéramos ilustrar esta última respuesta, menos documentada que la primera, con dos ejemplos.

El primero, es el del movimiento por la diversidad sexual cuya participación en la resistencia contra el golpe de Estado y grado de compromiso con la refundación democrática ha sido ejemplar. Este movimiento es relativamente joven y la cooperación internacional – incluyendo la agencia de cooperación de los EEUU- jugó un papel clave en su surgimiento y consolidación[7]. En efecto, en los años 90's en el marco de la lucha contra el VHI/SIDA debido a la alta prevalencia de esta enfermedad entre la población LGTB, la ayuda externa favoreció directa o indirectamente la emergencia de las primeras organizaciones de diversidad sexual. Posteriormente, las agencias internacionales propiciaron su consolidación a través de la creación de una red de alcance nacional. Al inicio, las reivindicaciones del movimiento LGTB giraban alrededor del reconocimiento (personería jurídica, no discriminación, la diversidad sexual como un derecho). A medida que el movimiento se va consolidando, sus reivindicaciones se van ampliando e incorporando aspectos vinculados a la redistribución (acceso universal a la salud, empleo decente, lucha contra la desigualdad social). Estas preocupaciones de carácter más político, permiten al movimiento LGTB vincularse con otros movimientos sociales y explican su participación activa en la resistencia. Si la homofobia de una parte de la base y de algunos líderes sociales ha sido un obstáculo, la constancia de los activistas LGTB ha permitido que el tema de la diversidad sexual se inscriba en el debate sobre la refundación del país. Este caso muestra como el apoyo de la cooperación internacional a una causa identitaria aparentemente apolítica, dio como resultado un movimiento políticamente beligerante capaz de cuestionar el fundamento del sistema socio-económico de su país. Cabe mencionar que la comunidad LGTB ha sufrido de manera desproporcionada la represión post-golpe. El movimiento deplora 30 personas asesinadas, el mayor número de víctimas mortales, en lo que ha sido caracterizado por los defensores de los DDHH como un patrón de crímenes de odio, cometidos con extrema brutalidad y saña.

El segundo ejemplo es el protagonizado por las comunidades campesinas en la región del Bajo Aguán. En Honduras, la USAID y otras agencias internacionales apoyan la creación de estructuras locales para favorecer la participación de las comunidades campesinas en las acciones de desarrollo local. En la teoría, estas estructuras deben permitir a los pobres encontrar sus propias soluciones y salir de la pobreza por sus propios medios y recursos. Se espera que los comités de desarrollo comunitario cumplan tres funciones: organizar la participación de la comunidad en los proyectos de desarrollo local – con mano de obra, por ejemplo-, fiscalizar el gasto público y ejercer presión ante las autoridades locales. Todo en el marco de un proceso de descentralización que busca reducir considerablemente la capacidad redistributiva del Estado. Bajo esta óptica del desarrollo local, la USAID financió los Comités de Emergencia Local -CODEL's- en el Bajo Aguán, como una respuesta comunitaria a las necesidades de reconstrucción tras el paso del huracán Mitch. Al principio, los Comités de emergencia cumplían tareas de limpieza y repartición de alimentos y poco a poco pasaron a ocuparse de cuestiones relativas a la infraestructura comunitaria y a la planificación del desarrollo comunitario en el largo plazo, cambiando su nombre por el de Comités de Desarrollo Local. En vez de conformarse con la matriz de la gobernabilidad, los CODEL’s reactivaron las comunidades de base y propiciaron la emergencia de un modelo endógeno de participación y organización comunitaria. Este modelo rechazó el patrón caudillista al privilegiar la formación de muchos dirigentes pequeños, en su mayoría mujeres, en lugar de unos cuantos líderes grandes. En varias comunidades este modelo de organización al margen de los patronatos, estructuras locales cooptadas por el bipartidismo, conllevó un cuestionamiento de las relaciones de poder, a tal grado que una delegación de alcaldes fue a la Embajada estadounidense a quejarse de que “la USAID estaba subvirtiendo la democracia estilo hondureño al apoyar a la Iglesia en su trabajo fuera del marco partido-patronato”.[8]

En el año 2000, reclamando el derecho a la tierra otorgado por las leyes de Reforma Agraria, setecientas familias campesinas del Bajo Aguán organizadas bajo el modelo de los CODEL's, protagonizaron la recuperación de las tierras antiguamente ocupadas por una base estadounidense (el Centro Regional de Entrenamiento Militar -CREM-). Estas familias cuestionaban la legalidad del traspaso de estas tierras a manos de los terratenientes y exigían la aplicación de la Reforma Agraria. Hoy día, pese a la brutal represión, agudizada desde el golpe de Estado, las familias campesinas siguen ahí, ocupando las tierras donde viven y cultivan sus alimentos organizados en cooperativas. La escuela a la que sus hijos asisten, funciona en el edificio en donde antaño los asesores estadounidenses enseñaban las técnicas de contra-insurgencia a los militares hondureños. Esta lucha por el acceso y control de la tierra, en la que familias campesinas enfrentan a poderosos terratenientes y agro-industriales - pertenecientes a la elite golpista, implicados en el trasiego de estupefacientes hacia los EEUU -, ha convertido al movimiento campesino del Bajo Aguán en un símbolo de la resistencia. Este caso muestra cómo las comunidades campesinas, enarbolando su derecho a la participación ciudadana y reivindicándose como una expresión de la sociedad civil, utilizan el discurso de la gobernabilidad para cuestionar las relaciones locales de poder y legitimar sus demandas de reforma agraria ante el Estado. Esto, a pesar de que la distribución de la tierra es precisamente uno de los temas que el modelo de gobernabilidad había descartado a favor de la creación de un mercado de tierras, en el marco de la modernización agrícola.

Ambos ejemplos ilustran la manera en que desde la base el discurso de la gobernabilidad puede ser ampliado y hasta subvertido por los actores sociales, para legitimar demandas que no solo ponen en tela de juicio el poder de las élites locales y su control sobre el Estado, sino que además constituyen un cuestionamiento profundo del modelo socio-económico que EEUU ha impulsado en el país.

Al momento del golpe, EEUU tenía una década de estar justificando el libre mercado con un discurso de gobernabilidad democrática. Les resultaba pues imposible apoyar abiertamente a los golpistas. También resultaba difícil descalificar las demandas de los actores sociales opuestos al golpe, en la medida en que dichas demandas se sustentan precisamente en el discurso de la gobernabilidad. Pero el proyecto de asamblea constituyente apoyado por el presidente depuesto abría las puertas a las demandas populares que, como ya dijimos, cuestionan el modelo económico impulsado por EEUU. De hecho, la continuidad de ese modelo fue plasmada en la Ley Visión de País, elaborada por el gobierno de facto y avalada por el gobierno de Lobo. Esta ley compromete a los gobernantes hondureños, sea cual sea su partido político, a aplicar una estrategia de competitividad nacional de largo plazo (hasta el 2022) que se inscribe en el mismo modelo neo-liberal que se ha venido aplicando en el país desde los años 1980 y que otorga un rol cada vez más importante al sector privado (nacional y extranjero) en los procesos de desarrollo nacional y local.

En la medida en que la continuidad del libre mercado es el principal componente de las relaciones entre Estados Unidos y Honduras, y aunque el papel protagónico de las élites locales en la defensa de sus propios intereses descalifique cualquier lectura imperialista, los esfuerzos realizados por EEUU para democratizar el golpe no son suficientes para minimizar su apoyo a la ruptura del orden constitucional. Más allá de las contradicciones, el caso hondureño pone de manifiesto la verdadera naturaleza de la gobernabilidad de mercado, es decir, una democracia de fachada, funcional al crecimiento económico y a la acumulación inscrita en las mismas relaciones de poder que han obstaculizado, desde hace más de un siglo, el avance de la verdadera democracia en nuestro país.

Vale recordar que un sector de las élites estadounidenses ha apoyado abiertamente y sin reticencia a los golpistas, con los que comparte “valores” ultra-conservadores. En efecto, en Honduras el golpe significó un importante retroceso en términos de derechos de las mujeres (prohibición de la venta de la píldora del día después, aumento de la violencia de género); del Estado de derecho (violación de derechos humanos, irrespeto a las garantías individuales, despido de jueces por oponerse al golpe) y una remilitarización del Estado (reanudación del servicio militar obligatorio, retorno al control de áreas antes reservadas a los civiles). Triste manera de poner fin a la ilusión de que en Honduras, el carácter “liberal” del modelo pueda extenderse más allá del mercado.

Para saber más

Blogs en Internet

Honduras: en Sultifera Navis http://sergiobahr.wordpress.com/

Adrienne at quota dot net : http://quota.net

A propósito de la comunidad LGTB y el golpe: Honduras Queering House http://quota.net/node/883

Artículos y Libros

ERIC-SJ y MADJ, 2010, El golpe de Estado en Honduras desde la perspectiva de los derechos humanos. Coord. de Joaquín A. Mejía R. y Víctor Fernández. Tegucigalpa.

Disponible en línea: http://amalavas.files.wordpress.com/2008/01/e-book_el-golpe-de-estado-en-honduras-desde-una-perspectiva-de-los-dh.pdf

Peemans, Jean-Philippe., 2004, “Quelques remarques introductives”, in S. Charlier, JP Peemans et al. (coordonné par), Une solidarité en actes. Gouvernance locale, économie sociale, pratiques populaires face à la globalisation. Institut d'études du développement, UCL, Press Univesitaires de Louvain.

(Una crítica de la gobernabilidad en el marco de la teoría del desarrollo)

Jeffrey, Paul., 2002, “Una mirada introspectiva: La respuesta al huracán Mitch en el Valle del Bajo Aguán

” en Torres Calderón, Manuel., et al. Descifrando a Honduras Cuatro puntos de vista sobre la realidad política tras el huracán Mitch, Hemisphere Initiatives, Cambridge, Massachusetts.

Dsponible en línea: lanic.utexas.edu/project/hemisphereinitiatives/honduras.pdf

(Un buen recuento de la historia del Movimiento Campesino del Bajo Aguán)

Informes nacionales e internacionales sobre la situación de los derechos humanos en Honduras durante y trás el golpe de Estado (listado no exhaustivo)

US Department of State, 2009 Honduras Country Report on Human Rights Practices

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/wha/136117.htm

Honduras: Derechos Humanos y golpe de Estado. Comisión Interamericana de los DDHH www.cidh.org/.../Honduras09sp/Indice.htm

Informe de la Alta Comisionada de las NNUU para los derechos humanos sobre las violaciones de los DDHH en Honduras desde el golpe de Estado de junio del 2009. Disponible en línea : http://www.cofadeh.org/html/documentos/index.html

Informes I, II, III y IV de las violaciones DDHH durante el golpe de Estado. COFADEH.

Disponibles en línea: http://www.cofadeh.org/html/documentos/index.html

Estado de situación de la libertad de expresión en Honduras en el contexto de la ruptura del orden constitucional, Comité por la libre expresión y Fundación Democracia sin Fronteras, Tegucigalpa, noviembre de 2009.

No vales ni un centavo. Análisis de los asesinatos de LGTB en Honduras. Human Rights Watch, Tegucigalpa, Honduras 2010

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[1] Una versión más corta y en francés de este texto será publicada en el número de septiembre 2010 de la Revue Nouvelle.

[2] En este texto hacemos referencia, evidentemente, a la estrategias de los grupos de poder estadounideses y no a los miles de estadounidenses que han condenado públicamente el golpe y que con su simpatía y solidaridad acompañan a la resistencia democrática en Honduras.

[3] USAID, 2005, At freedom frontiers. A Democracy and Governance Strategic Framework. www.usaid.gov/policy/0512_democracy_framework.pdf . Consultado en septiembre del 2010

[4] USAID, 2005.

[5] www.usaid.gov/hn/

[6] USAID, 2005

[7] Ver el documento Diversidad sexual y la Resistencia, de Fernando Reyes.

[8] Jeffrey Paul., 2002, “Una mirada introspectiva: La respuesta al huracán Mitch en el Valle del Bajo Aguán”, en Torres Calderón, Manuel., et al. Descifrando a Honduras Cuatro puntos de vista sobre la realidad política tras el huracán Mitch, Hemisphere Initiatives, Cambridge, Massachusetts.