En la Declaración de UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) del 1° de octubre/10, con ocasión del intento de golpe de Estado en Ecuador, se incluyó la llamada “Cláusula Democrática”, que vendrá a ser el mejor disuasivo contra las asonadas golpistas en América del Sur.
En efecto, en el punto 4 de dicha Declaración –o sea la Cláusula Democrática—los presidentes de los países de UNASUR: “Afirman que sus respectivos Gobiernos rechazan enérgicamente y no tolerarán, bajo ningún concepto, cualquier nuevo desafío a la autoridad institucional ni intento de golpe al poder civil legítimamente elegido y advierten que en caso de nuevos quiebres del orden constitucional adoptarán medidas concretas e inmediatas tales como cierres de fronteras, suspensión del comercio, del tráfico aéreo y de la provisión de energía, servicios y otros suministros”.
De acuerdo con este compromiso, cualquier desafío a la autoridad institucional o cualquier intento de golpe de Estado será objeto de inmediato rechazo por los demás países de la Unión Suramericana, condenando al aislamiento total al país afectado mientras permanezca alterado el orden constitucional y no quede incólume el gobierno legítimo. La aplicación de esta cláusula, según ha trascendido, está siendo cuidadosamente reglamentada para asegurar su plena efectividad.
Como lo hemos expresado en otros comentarios, este importante avance en la defensa de la democracia en América es consecuencia, irónicamente, del golpe de Estado del 28 de junio/09 en Honduras, que conmovió a Latinoamérica y al mundo, cuando se creían superados los atentados al orden constitucional en el subcontinente.
Esa conmoción determinó la casi automática segregación de Honduras de la comunidad internacional, a través de la acción de sus instancias internacionales, entre ellas el SICA a nivel centroamericano, la OEA a nivel continental y la ONU a nivel mundial.
Sin embargo, en esta situación única en la historia mundial, se hizo evidente que estas instancias no disponían, dado el caso, de la capacidad coercitiva para obligar la restitución del Estado de Derecho, principalmente la OEA que era la encargada de enfrentar la situación por mandato de su Carta Constitutiva y de su Carta Democrática, sobre todo debido a que es un organismo de Cancilleres –o sea de segundo nivel—dependiente del refrendo de los presidentes de los Estados.
En estas condiciones, a la OEA no le quedaba más alternativa que la vía diplomática, sujeta a múltiples eventualidades y presiones, que, como ha ocurrido en otras ocasiones, fue difiriendo su acción a través de diálogos –San José y Tegucigalpa—a la larga infructuosos en su objetivo primordial de restaurar el orden constitucional. De hecho, esa debilidad institucional ha sido el talón de Aquiles de la OEA.
Tenemos ahora, en cambio, la creación de un mecanismo coercitivo para responder a la amenaza golpista, que es la Cláusula Democrática de UNASUR, cuya emulación llegará a ser, sin duda, del dominio latinoamericano si la adopta, como es lógico, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en su rol –igual que UNASUR—de esquema emblemático de integración regional.
De ser así, América Latina podrá enfilar su ruta democrática con más seguridad y confianza en el futuro, sin la amenaza, hasta ahora siempre en acecho, del militarismo y de los sectores ultra en la lucha por el control autoritario del Estado.
En efecto, en el punto 4 de dicha Declaración –o sea la Cláusula Democrática—los presidentes de los países de UNASUR: “Afirman que sus respectivos Gobiernos rechazan enérgicamente y no tolerarán, bajo ningún concepto, cualquier nuevo desafío a la autoridad institucional ni intento de golpe al poder civil legítimamente elegido y advierten que en caso de nuevos quiebres del orden constitucional adoptarán medidas concretas e inmediatas tales como cierres de fronteras, suspensión del comercio, del tráfico aéreo y de la provisión de energía, servicios y otros suministros”.
De acuerdo con este compromiso, cualquier desafío a la autoridad institucional o cualquier intento de golpe de Estado será objeto de inmediato rechazo por los demás países de la Unión Suramericana, condenando al aislamiento total al país afectado mientras permanezca alterado el orden constitucional y no quede incólume el gobierno legítimo. La aplicación de esta cláusula, según ha trascendido, está siendo cuidadosamente reglamentada para asegurar su plena efectividad.
Como lo hemos expresado en otros comentarios, este importante avance en la defensa de la democracia en América es consecuencia, irónicamente, del golpe de Estado del 28 de junio/09 en Honduras, que conmovió a Latinoamérica y al mundo, cuando se creían superados los atentados al orden constitucional en el subcontinente.
Esa conmoción determinó la casi automática segregación de Honduras de la comunidad internacional, a través de la acción de sus instancias internacionales, entre ellas el SICA a nivel centroamericano, la OEA a nivel continental y la ONU a nivel mundial.
Sin embargo, en esta situación única en la historia mundial, se hizo evidente que estas instancias no disponían, dado el caso, de la capacidad coercitiva para obligar la restitución del Estado de Derecho, principalmente la OEA que era la encargada de enfrentar la situación por mandato de su Carta Constitutiva y de su Carta Democrática, sobre todo debido a que es un organismo de Cancilleres –o sea de segundo nivel—dependiente del refrendo de los presidentes de los Estados.
En estas condiciones, a la OEA no le quedaba más alternativa que la vía diplomática, sujeta a múltiples eventualidades y presiones, que, como ha ocurrido en otras ocasiones, fue difiriendo su acción a través de diálogos –San José y Tegucigalpa—a la larga infructuosos en su objetivo primordial de restaurar el orden constitucional. De hecho, esa debilidad institucional ha sido el talón de Aquiles de la OEA.
Tenemos ahora, en cambio, la creación de un mecanismo coercitivo para responder a la amenaza golpista, que es la Cláusula Democrática de UNASUR, cuya emulación llegará a ser, sin duda, del dominio latinoamericano si la adopta, como es lógico, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en su rol –igual que UNASUR—de esquema emblemático de integración regional.
De ser así, América Latina podrá enfilar su ruta democrática con más seguridad y confianza en el futuro, sin la amenaza, hasta ahora siempre en acecho, del militarismo y de los sectores ultra en la lucha por el control autoritario del Estado.
Fuente: Tiempo.hn - voselsoberano.com
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