Tatiana Félix *
Adital -
El Congreso Nacional de Honduras aprobó en la madrugada del último viernes (19) la norma más nueva del país: la Ley Antiterrorista. La noticia no fue bien recibida por los militantes del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), ya que, tomando como ejemplo a Chile, donde hace años está en vigencia una ley con la misma finalidad, se producen muchos conflictos y represiones contra los movimientos sociales y activistas.
Muchos sectores consideran a esta legislación como una herramienta de persecución de los grupos sociales que se manifiestan contra acciones del gobierno. Los movimientos sociales y grupos izquierdistas cuestionan la posible manipulación de la legislación, ya que no se define qué es un acto terrorista.
Jari Dixon Herrera, integrante del Frente Nacional de Resistencia Popular, dijo que la intención del gobierno con a aprobación de esta ley es "disolver el movimiento de resistencia", ya que la regla clasifica al Frente Nacional como grupo terrorista. Su afirmación se basa en una declaración del actual Ministro de Seguridad del país, Oscar Álvarez, quien propuso la ley y que en el momento de su toma de posesión dijo que el FNRP tendría que desaparecer.
Según el periódico ‘La Prensa’, la ley obliga a las ONGs a relatar al Estado cualquier donación, presente o apoyo, incluyendo vehículos o equipos, de valores superiores a dos mil dólares, con el objetivo de regularizar cualquier actividad que pueda tener una finalidad distinta.
Pero, para Herrera, no se debe dialogar con el gobierno del actual presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, cuyo régimen es considerado ilegal, ya que su llegada al poder se produjo después del golpe de estado ocurrido en junio de 2009.
Ley Antiterrorista en América Latina
En Chile, más de 100 indígenas de la etnia mapuche están presos actualmente, acusados de actos terroristas resultantes del conflicto mapuche, una cuestión que involucra derechos de posesión de la tierra y la invasión de empresas en el territorio de esta comunidad para explotación comercial. La Ley Antiterrorista chilena prevé prisión preventiva por dos años, además de impedir que los abogados de la defensa tengan acceso a la investigación o interroguen a los testigos.
Cansados de la persecución que sufren, más de 30 de estos presos políticos resolvieron protestar, reivindicando el fin de la aplicación de la Ley Antiterrorista, por medio de una huelga de hambre que ya dura más de tres meses en prisión chilena.
"La huelga de hambre tiene como finalidad la devolución de tierras que consideramos ancestrales, el fin de la aplicación de la Ley Antiterrorista y la libertad de todos los mapuches que consideran presos políticos", explican por medio de un comunicado.
Desde el 25 de junio de este año, Paraguay también comenzó a aplicar la Ley Antiterrorista, con penas que pueden llegar hasta 30 años de prisión, para personas que cometan actos terroristas.
En el caso paraguayo, hubo una presión por parte de Estados Unidos y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la aprobación de la ley, bajo el alegato de sospecha de actuación de grupos terroristas en la región de la Triple Frontera, que involucra también territorios de Argentina y Brasil.
Con informaciones de agencias.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
* Periodista de Adital
Fuente: Adital
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