Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 11 Diciembre de 2010. Honduras vive todavía la misma inconstitucionalidad del golpe de Estado y el régimen mantiene un discurso que difiere de acciones concretas, concluyó, este viernes, la Misión de Alto Nivel de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), en un informe de 16 puntos, luego de concluir su visita de cuatro días en Honduras.
La Comisión de la CIJ manifiesta en el documento, que la tesis constitucionalista sostenida hasta ahora, no puede justificar un golpe de Estado; y que con profunda preocupación ha constatado que son pocos los resultados que en la práctica muestra la restitución del orden constitucional en su sentido pleno.
La Misión de Alto Nivel observa que el discurso de sendos titulares del Ejecutivo y del Legislativo, difiere de sus hechos concretos. Que debe procesarse a los que participaron en el Golpe. Como también que la amnistía se aplica a los delitos y a los delincuentes y no puede darse para crímenes de lesa humanidad.
Cuestiona, por ejemplo, que Porfirio Lobo haya remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIH) el mismo informe levantado por la Corte Suprema, en vez de emitir el suyo propio en el que debía manifestar su desacuerdo, o promover una discusión, sobre el despido de los jueces. Lo que no constituye intervención de poderes.
El Magistrado del Tribunal Supremo Español, José Antonio Martín, refirió que en el informe, que contiene 16 apartados y recomendaciones sobre la situación en Honduras, destacan que han encontrado que la CSJ está impregnada de una “extrema politización”.
Martín resaltó que “en cualquier país del mundo sacar a un presidente [de la nación] a punta de pistola, de su sitio, es un golpe de Estado. Llámesele como se le quiera llamar y la comunidad internacional lo ha comprendido así”.
En el caso de Honduras, lo estableció también la clausula democrática Iberoamericana, que no permitió la participación de la representacion estatal, recordó.
Señaló que la situación de la Corte ha sido no ubicarse al lado de la democracia, contra el Golpe, sino la de perseguir a quienes hicieron una actividad de compromiso democrático: “Ponerse del lado de la democracia, en ningún lugar del mundo es nunca una actividad partidista”.
Y “si un funcionario del Estado no se pone de lado de la democracia, en un Golpe, de alguna manera o está participando, o lo está consintiendo y siendo cómplice”, analizó respecto al despido por la Corte, de varios jueces entre ellos Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez, Ramón Barrios y la Magistrada Tirza Flores, que participaron en movilizaciones populares de oposición y resistencia al Golpe.
Martín puntualizó que toda actividad hay que enmarcarla en la situación que se estaba viviendo en Honduras, y en el caso de los magistrados despedidos se violó su derecho a reunirse, a manifestar su oposición a un golpe de Estado, yo diría, que, era no sólo su derecho, sino como dirigentes es una obligación”.
Afirmó que es un “mal síntoma” que los nombramientos de los jueces lleve a que los candidatos tengan que “tocar puertas para que les nombren en la Corte”, y que tiene que hacerse con transparencia, en audiencias públicas y sea un organismo distinto el que elija.
“Es alarmante el grado de violencia política y de violencia social. Indica que no funcionan los resortes de mantenimientos del orden social y democrático. Lo que no quizá no es de ahora, sino de siempre y ahora se manifiestan de forma más llamativa”, explicó.
Y agregó que hay que modificar la formación y la selección de la Policía. Algunos jueces se quejan de que no pueden resolver porque no tienen pruebas y hay fallas de los investigadores y otras veces, es de los dos.
Cuestionó que el retorno a la institucionalidad no se hace más sólo con elecciones: “La democracia no es votar cada cuatro años, es un sistema de valores y de principios que si no cumplen con esta función, no cumplen el mandato dado por los votantes”.
El Comisionado de derechos humanos rebajado de categoría por ONU
El magistrado español cuestionó que el propio Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Ramón Custodio, haya, negativamente, avalado el Golpe, por lo que fue evaluado “rebajado” de categoría de la “A”, a la “B”, por el propio sistema de Naciones Unidas (ONU).
“Tiene que reflexionar [el Comisionado], porque ya no es una opinión de un grupo de juristas, que tiene un reconocido prestigio desde 1952, es la de un organismo internacional ”.
Ley antiterrorista es peligro para la práctica democrática de las ONG.
Martín considera que la ley antiterrorista es una especie de ley ómnibus porque mete muchas cosas a la vez, narcotráfico, agentes encubiertos, para llegar al final a algo que se podía hacer sin la ley, que era sólo la fiscalización de los bienes que proceden del delito de narcotráfico, luego aparece una ley de financiación de ONG.
La normativa relacionada con las ONG, puede llevar a disolver una organización de derechos humanos “no está suficientemente clara”. Es peligroso para la propia práctica democrática de las organizaciones, valoró.
Sobre la proliferación de grupos armados y narcotráfico.
Martín refirió el cambio internacional de enfoque sobre la lucha contra el narcotráfico, con voces que comienzan a pedir una revisión total del sistema de persecución penal y se habla de una posible despenalización de cierto trafico de drogas, como en Estados Unidos el de la mariguana o hachís por sus cualidades terapéuticas.
La Misión de Alto Nivel mantendrá contacto con los organismos contactados y regresará a Honduras, probablemente, entre marzo abril para verificar los posibles avances.
La delegación CIJ ingresó al país el lunes 06 de diciembre de 2010, con el propósito principal de evaluar la situación de la “Independencia Judicial en Honduras”. Pero, al final no pudo reunirse con el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, como antes habían acordado.
Fue integrada por el Magistrado del Tribunal Supremo Español, José Antonio Martín Pallín; el ex Magistrado del Tribunal de Casación Francia y miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, Philippe Texier.
Además del jurista brasileño, ex ministro de Justicia del Estado de Sao Paulo, Belisario Dos Santos; y el experto en derechos humanos Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica, Ramón Cadena.
La Misión sostuvo reuniones con diversas organizaciones sociales nacionales e internacionales; con defensores de derechos humanos; con dirigentes sociales y comunitarios nacionales e internacionales; organismos intergubernamentales.
A más de entrevistarse con jueces, el Fiscal General, la Fiscal de Derechos Humanos, miembros del Legislativo y con el titular del Ejecutivo, Porfirio Lobo.
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