El Presidente Porfirio Lobo durante una conferencia de prensa televisada en enero
Informe Especial del CPJ por Mike O’Connor
Siete periodistas son asesinados en cuestión de semanas. Además de minimizar los crímenes, las autoridades hondureñas se mueven lentamente y con negligencia en la búsqueda de los responsables. El gobierno propicia un clima de ilegalidad que permite a los criminales matar periodistas y permanecer en la impunidad.
27 de Julio 2010
JUTICALPA, Honduras
Desde el primero de marzo hasta mediados de junio, siete periodistas hondureños de radio y televisión fueron asesinados a tiros, un asombroso número de homicidios en un lapso tan corto en un país de 7,5 millones de habitantes. Seis de los asesinatos ocurrieron en un período de apenas siete semanas y la mayoría fueron crímenes ejecutados por sicarios. Ampliando el temor que generó entre los periodistas –y las preguntas sobre quién sería el próximo blanco de ataques- llegó la respuesta del gobierno: al silencio inicial le siguieron declaraciones de un alto funcionario que desestimaba los asesinatos por considerarlos crímenes de violencia callejera.
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“Sí garantizo que en todos [los casos] no hay una relación que indique que es por su labor periodística”, afirmó el Ministro de Seguridad Óscar Álvarez al diario La Tribuna de Tegucigalpa el 3 de mayo, un comentario que también reiteró a varios otros medios. La amplia y terminante afirmación del funcionario a tan poco tiempo de ocurridos los crímenes, y sin proporcionar evidencia, generó alarma entre los periodistas, quienes consideraron que el gobierno no actuaba de buena fe. En las semanas siguientes, las autoridades hicieron muy poco para demostrar su voluntad de investigar los asesinatos en forma exhaustiva.
Como resultado, muchos periodistas temen que los asesinatos hayan sido cometidos con la aprobación tácita o la complicidad directa de la policía, las fuerzas armadas u otras autoridades. Esta preocupación está agravada por la división en la sociedad hondureña posterior al golpe militar que derrocó al Presidente Manuel Zelaya en junio de 2009. Desde entonces, quienes respaldan a Zelaya, periodistas y otros críticos han denunciado una persecución incesante que incluye ataques violentos.
“La impresión es que el gobierno quiere sembrar el terror para que uno no sepa qué informar. Uno se pregunta, ¿Es aquella noticia sobre narcotráfico demasiado peligrosa? ¿Qué tal ésta otra sobre corrupción política? Al final no se informa sobre nada que haga sentir incómodo a la gente del poder”, afirmó Geovanny Domínguez, editor del diario Tiempo en la capital, Tegucigalpa.
Soldados impiden a periodistas filmar cerca del palacio presidencial en Tegucigalpa luego del golpe de estado de junio de 2009. El gobierno censuró y obstaculizó el trabajo de los medios de prensa luego de que el Presidente Zelaya fuera depuesto. (AP/Esteban Felix)
Una investigación del CPJ encontró evidencia de que las víctimas en al menos tres casos fueron asesinadas en relación con su trabajo periodístico. La investigación también concluye que motivos relacionados con su labor informativa pudieron haber jugado un rol considerable en otros homicidios. El CPJ además descubrió un patrón de impunidad alarmante en estos casos, como quedó evidenciado por la incapacidad o la falta de voluntad de las autoridades de tomar medidas esenciales para investigar los crímenes y arrestar a los responsables. En un caso, el gobierno ignoró un pedido de la Organización de los Estados Americanos de proporcionar protección a un periodista bajo amenaza –un conductor de televisión que fue luego abatido a tiros.
Si bien la investigación del CPJ no confirmó la existencia de una conspiración política o de un esfuerzo coordinado detrás de los siete asesinatos, sí reveló que los crímenes ocurrieron en medio de un clima político tenso donde predominan la violencia y la ilegalidad. El continuo fracaso del gobierno para investigar con éxito los crímenes contra periodistas y otros críticos--ya sea por falta de voluntad, impotencia o incompetencia--ha creado un clima donde prevalece la impunidad.
Víctor Jiménez, gerente de una pequeña emisora rural, Radio Excélsior, en Juticalpa, describió en detalle las condiciones para muchos periodistas en Honduras. “Hoy, los grupos del narcotráfico son más fuertes que el gobierno. Familias poderosas que han controlado regiones del país durante generaciones, algunos políticos con poder personal, líderes militares locales –todos ellos actúan por fuera de la autoridad del gobierno. El gobierno está casi al margen, tiene escaso poder. Es por eso que existe impunidad, porque la policía y la justicia no significan nada. La gente no quiere hablar con ellos; la gente tiene temor del poder real”.
La evaluación más reciente sobre la situación de los derechos humanos en Honduras realizada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, publicada en marzo de 2010, se expresa en términos inusualmente duros para un país con quien mantiene relaciones amistosas. En referencia a homicidios con motivaciones políticas, señala: “Tras el golpe de estado de junio, hubo informes de que el régimen de facto o sus agentes perpetraron ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias”. El informe del Departamento de Estado también ofreció un panorama sombrío sobre las voces que podían expresarse en contra del régimen. “Un pequeño número de poderosos magnates con intereses comerciales, políticos y familiares son propietarios de la mayoría de los medios de comunicación del país”.
Luego de cinco meses en los que el país fue liderado por un gobierno interino, las elecciones presidenciales de noviembre de 2009 catapultaron al conservador Porfirio “Pepe” Lobo a la presidencia. A pesar de que los partidarios de Zelaya condenaron el voto como producto contaminado de un régimen ilegal, el nuevo gobierno fue aceptado por los Estados Unidos y un grupo de países. Sin embargo, aún existe una amplia oposición doméstica al nuevo gobierno, que se manifiesta a través de organizaciones como el Frente Nacional de Resistencia Popular y el Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán. Algunos miembros de estos grupos denuncian que sus líderes han sido secuestrados o asesinados por agentes del gobierno o grupos privados. Y existe una teoría de que al menos algunos de los periodistas caídos fueron asesinados porque ellos, también, eras vistos como enemigos del Estado.
La OEA puede jugar un rol clave para evitar que los abusos se repitan en Honduras. El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, habla con la prensa en Tegucigalpa. (AP /Eduardo Verdugo)
Un diplomático latinoamericano que trabaja cerca del gobierno hondureño afirmó lo siguiente: “Lo que veo es un esfuerzo organizado de grupos privados para reprimir opositores –líderes sociales y periodistas. No es un plan del gobierno, pero algo que el gobierno no puede controlar o tal vez no quiera controlar. Son estos poderosos grupos privados los que podrían estar amenazando y hasta asesinando por motivos políticos y económicos.” El diplomático, quien solicitó el anonimato para proteger sus relaciones con Honduras, indicó que el desorden general en el país sirve al propósito de una reducida élite que pretende hacer valer sus intereses políticos y comerciales sin ser sometida al escrutinio de la sociedad.
Mientras que los Estados Unidos presionaron directamente a Honduras en materia de derechos humanos, la mayoría de los países del hemisferio occidental han utilizado a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para reclamar al gobierno de Honduras reformas sobre derechos humanos. Han conseguido cierta influencia: el gobierno hondureño ha intentado su reingreso a la OEA después de haber sido expulsado tras el golpe. Según un diplomático extranjero radicado en Honduras: “Ciertamente una de las mayores prioridades del gobierno de Lobo es reanudar buenas relaciones con la OEA –y en este sentido los casos de los periodistas son muy importantes”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cuerpo de derechos humanos de la OEA, difundió un comunicado el 19 de mayo expresando profunda preocupación por las violaciones a los derechos humanos en Honduras, incluyendo los crímenes de periodistas.
El 4 de junio, en una reacción tardía ante la amplia percepción sobre su indiferencia hacia los asesinatos de periodistas, el gobierno nacional anunció una solicitud de ayuda al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). Dicha asistencia, sin embargo, es más simbólica que real. El FBI designó a un agente, quien comenzó a trabajar tres meses después de ocurridos los asesinatos, y con frecuencia solo contó con escasa evidencia física e informes investigativos incompletos para realizar una evaluación. Todavía resta mucho por hacer.
A continuación, el detalle de los casos con cápsulas informativas de los siete periodistas asesinados.RELACIONADOS CON EL TRABAJO PERIODISTICO
El CPJ encontró evidencia de que estos crímenes estuvieron vinculados con el periodismo.
Nahúm Palacios Arteaga, Canal 5
14 de marzo, Tocoa
Nahúm Palacios tenía 16 años cuando caminaba desde un remoto poblado, dominado por verdes palmeras africanas y naranjos, hasta el pueblo vecino. El poblado era Rigores, donde unas 30 familias campesinas se ganaban la vida trabajando en la tierra de grandes terratenientes. Para Palacios solo había un futuro posible en Rigores. Consistía en trabajar toda su vida meciendo el machete para otra persona, como lo hace su padre en la actualidad. Palacios había realizado ese tipo de labor desde que abandonó la escuela después de tercer grado, indicó su familia.
Cuando llegó a la ciudad de Tocoa, descubrió que tenía cierta habilidad para comentar partidos de fútbol, jugada por jugada. Sus amigos aseguran que se vinculó con Radio Tocoa y trabajaba sin que le paguen porque le apasionaba y lo convertía en un personaje: el niño de la radio de Rigores. Corrían los años ochenta. Radio Tocoa se transformó en Canal 5 de televisión y Palacios se convirtió en el hijo adoptivo de la familia dueña de la emisora. Pronto evolucionó como el principal conductor de la más importante estación de televisión de la región; era la cara visible del periodismo y la voz de la gente, el ídolo popular y de los desposeídos.
José Heriberto Palacios tiene muchas preguntas sobre el asesinato de su hijo. (CPJ/Rubén Escobar)
El periodismo era distinto en Tocoa. Los reporteros nunca estudiaban periodismo o acaso ni siquiera habían estudiado, según comentan hoy periodistas en Tocoa. Aprendieron mirándose unos a otros y la ética era turbia. Los propietarios de los medios eran gente de negocios que buscaban el beneficio económico. Todos aprendieron una cosa: se podía hacer muchísimo dinero a través de la extorsión de empresarios y funcionarios públicos.
Según periodistas en Tocoa, el estatus de Palacios como el principal periodista en la región le confirió gran influencia para obtener dinero. Adán Fúnez, quien fue alcalde de Tocoa hasta enero, afirmó que Palacios le había pedido la condonación de impuestos locales sobre varias empresas importantes. Fúnez rechazó el pedido, afirmó. Varios periodistas indicaron que desde entonces Palacios desató una campaña de acusaciones sin fundamento e imputaba a Fúnez robo y corrupción. El periodista Roberto Brizuela golpeó su mano derecha contra la palma de su mano izquierda para enfatizar la fuerza de los ataques de Palacios. “Continuó pegando, pegando y pegando”.
José Heriberto Palacios, el padre de Nahúm Palacios, al ser entrevistado junto al naranjo donde trabaja, con el machete a sus pies, desmiente que su hijo haya sido deshonesto. “Lo mataron porque era honesto y no era corrupto”, aseguró.
Para las miles de personas de Tocoa que aprendieron a querer a Palacios, las historias sobre supuesta extorsión son mayormente ignoradas y seguramente no tienen importancia. Palacios fue el chico de pueblo que llegó a ser un personaje. Se parecía a ellos y hablaba como ellos y cuando un pueblo o una familia tenían un problema, se jugaba por ellos. Los problemas tenían, en general, a una entidad del gobierno o a una familia rica como villanos y a Palacios como el héroe. “Era sincero cuando iba a la guerra. Sentía los problemas de la gente porque era uno de ellos”, afirmó Mario Ramírez, un periodista en Tocoa. “Existen muchos abusos acá y nadie quiere pararlos. Nahúm podía hacer algo al respecto, mucho más que cualquier otro. Salvó los hogares de la gente. Logró que sus hijos fueran curados. Protegió caseríos enteros”.
Más tarde se registraron los acontecimientos que cambiaron todo.
El 28 de junio de 2009, el ejército de Honduras derrocó al Presiente Zelaya con el apoyo de la mayoría del Congreso Nacional y las familias más pudientes del país. Un grupo de soldados levantaron a Zelaya temprano en la mañana y lo obligaron a abandonar el país en pijamas con destino a Costa Rica. El país se dividió entre quienes pensaron que se había procedido correctamente y los que se opusieron. El gobierno de facto reaccionó con fuerza contra los partidarios de Zelaya en las calles y en la prensa. Algunos medios que se opusieron al derrocamiento fueron clausurados y acosados por los militares. La gente que se opuso al golpe de estado consideró que estaban bajo ataque armado del gobierno o grupos clandestinos que actuaban con permiso del gobierno.
Los restos de Palacios fueron exhumados para realizar una autopsia tres meses después del asesinato. (CPJ/Rubén Escobar)
Palacios se opuso al golpe y convirtió a la emisora de televisión en un canal de abierta oposición, admitieron sus colegas. Efectivos militares aparecieron en su casa y lo detuvieron junto a su familia durante varias horas, en junio de 2009. El episodio, junto a otras amenazas de los militares, fue lo suficientemente grave para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictara medidas cautelares para que el gobierno de Honduras protegiera la vida de Palacios. Según la comisión, fue una de las 400 medidas similares dictadas para la defensa de periodistas y activistas en Honduras este año y el anterior. El gobierno está obligado por la firma de tratados internacionales a seguir las directivas, pero al parecer decidió ignorarlas en su mayoría, sumándose así a las sospechas de muchos de que está en connivencia con la violenta represión.
El gobierno sostuvo que no recibió una orden en el caso de Palacios, pero la Comisión Interamericana tiene un documento firmado por la Corte Suprema de Justicia que demuestra que las autoridades de Honduras sí recibieron el pedido de medidas cautelares, según Catalina Botero, relatora especial para la libertad de expresión de la comisión. Botero indicó que el nuevo gobierno se ha rehusado a proporcionar detalles sobre cómo está llevando adelante la mayoría de las órdenes de protección y ha rechazado los pedidos de la comisión de enviar sus propios investigadores al terreno para determinar el origen de los problemas.
No obstante, cuando los sicarios esperaban que Palacios llegara a su casa el 14 de marzo, el periodista no tenía protección. Llegó alrededor de las 10 p.m. acompañado por un primo en el asiento trasero de un vehículo utilitario con doble cabina, y su novia, una médica, en el asiento del acompañante. Vecinos informaron a los periodistas que primero se registraron algunos disparos, aparentemente desde un puesto de observación, y luego se produjo una descarga a medida que se sumaron los otros atacantes armados. Palacios murió en la escena del crimen. La doctora Yorleny Sánchez, gravemente herida, murió dos semanas más tarde. El primo de Palacios no recibió heridas, según informó la prensa local.
En los meses anteriores, Palacios había tomado abiertamente partido por varios miles de campesinos que reclamaban vastas extensiones de tierra. Los campesinos denunciaron a un grupo de grandes terratenientes que años atrás, en violación a leyes de reforma agraria, les habían pagado mucho menos de lo que correspondía por esas tierras. Los campesinos habían vuelto a expropiar parte de las tierras –directamente las robaron, según los propietarios- y se registraron ocasionales enfrentamientos armados. Los guardias de seguridad de los terratenientes y la policía fueron acusados de masacres. Campesinos activistas afirmaron que algunos de sus líderes habían sido secuestrados y desaparecieron, o individualizados y asesinados. Palacios, según reporteros en Tocoa, no hizo ningún intento para cubrir el tema en forma equilibrada. El periodista tomó partido por los campesinos, al igual que la mayoría de la gente en la zona porque también eran lugareños pobres.
La situación convirtió a Palacios en un líder entre los periodistas de Tocoa y un representante de los sin tierra, pero según sus colegas lo ubicó también al tope de la lista de personas que corrían riesgo de ser asesinadas. Primero tuvo problemas con los militares por su oposición al golpe de estado, postura a la que nunca renunció. Al mismo tiempo, estaba en contra de los hombres más poderosos de la región por sus repetidos ataques sobre la disputa de tierras.
El ex alcalde Fúnez afirma que algunas cosas se hicieron pésimamente mal en la investigación del crimen Palacios. (CPJ/Rubén Escobar)
La zona de Tocoa parecía estar en efervescencia por su resistencia al gobierno y el apoyo a los esfuerzos de los campesinos de retomar sus tierras. De todas las solicitudes para facilitar protección a ciudadanos dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una cifra desproporcionada corresponde a ciudadanos de Tocoa y sus adyacencias. El ex alcalde Fúnez está incluido en la lista. El ex funcionario afirmó que soldados irrumpieron en su casa para arrestarlo después del golpe, pero había sido advertido por el hermano del presidente depuesto y pudo esconderse a tiempo.
En el caso de Palacios ninguna evidencia se ha hecho pública. Más allá de la opinión mayoritaria de que su asesinato estuvo motivado políticamente, existe una teoría que afirma que un poderoso narcotraficante local se enojó con una nota de un secuestro por parte de un cartel que salió al aire la semana en que Palacios fue asesinado. Y la posibilidad de que el crimen pudiera haber sido provocado por extorsión tampoco puede descartarse por completo. A pesar de todo, los fiscales aseguran que no hay ninguna pista, algo que no sorprende dado su fracaso investigativo.
Casi tres meses después de que Palacios fuera ultimado a tiros, algo muy extraño ocurrió en el pueblo de Rigores. Un equipo de investigadores llegó a su tumba, exhumó su cuerpo y condujo una autopsia. El forense nunca había examinado el cuerpo después de la muerte; el cadáver fue directo desde la escena del crimen hasta la casa mortuoria. Los investigadores también consultaron a los fotógrafos para saber si tenían imágenes de la escena del crimen porque la policía no tenía ninguna foto propia. Parado a pocos metros de donde se desarrollaba la autopsia, Arody Reyes, fiscal del caso, confesó al CPJ que a pesar de que los sicarios habían esperado por horas la llegada de Palacios en su casa, la policía no había sido capaz de recoger ninguna evidencia.
Reyes afirmó que la familia de Palacios se había rehusado inicialmente a permitir una autopsia, una afirmación que el padre de Palacios desmintió. José Heriberto Palacios afirmó que la familia nunca fue consultada sobre una autopsia. La policía ofreció varias explicaciones sobre las razones por las cuales no tenían fotografías de la escena del crimen: las pilas de las cámaras se habían descargado, las cámaras se habían dañado, la película se había extraviado, según reporteros locales. Al evaluar el inadecuado trabajo policial, da la impresión de que alguien poderoso influyó desde el comienzo del caso para que no se investigara. El fiscal Reyes indicó que la exhumación y la autopsia fueron de pronto importantes porque las autoridades necesitaban algo para mostrar al FBI.
Fúnez, el ex alcalde, fue consultado por el CPJ para analizar las fallas de la investigación en el caso de Palacios. ¿Es Tocoa un lugar demasiado pequeño para investigar un asesinato?
“Nuestra policía puede investigar asesinatos. Ocurren homicidios”, indicó. “Investigan y encuentran a la persona responsable. Tienen la capacidad y el equipamiento y si se necesita algo esperamos y pedimos asistencia a una ciudad grande. Nahúm Palacios era una persona tan importante que hay algo que se hizo muy mal en este caso. Estos problemas hablan muy fuertemente”.
Melquisedec Alvarenga, el conductor de televisión que remplazó a Palacios, era diseñador gráfico hasta unos meses atrás. Afirmó sentir miedo desde que comenzó a trabajar. “Seamos claros, Nahúm era de izquierda y yo tengo un estilo diferente. Estoy en el centro y el canal está en el centro ahora. En la calle miro a los carros y yo me pregunto quién vendrá por mi”. Alvarenga admitió que el asesinato de Palacios es un mensaje de que ningún periodista está a salvo. Mientras estaba sentado en un café afuera para una entrevista con el CPJ, un vehículo hizo chirriar los frenos. Giró su cabeza como si buscara a los sicarios.
David Meza Montesinos
Radio El Patio, Radio América, Canal 7, 45 y 36
11 de marzo, La Ceiba
El 13 de marzo, la ciudad de La Ceiba, una capital regional en la costa norte, se paralizó durante varias horas. Nada se movía a excepción del cortejo fúnebre de David Meza. Los informes de prensa lo han descripto como el mayor funeral en la historia de la ciudad. Durante dos décadas Meza había sido el periodista más prominente en la ciudad, alguien a quien la gente de La Ceiba consideraba cercano. En horas de la tarde, dos días antes, había sido víctima de una persecución mientras conducía su carro y atacantes armados finalmente lo mataron a balazos en la puerta de su casa. Durante horas ese día y noche, las estaciones locales de radio y televisión habían transmitido sólo llamados de ciudadanos, muchos entre lágrimas, lamentando su muerte.
Abraham Mejía, un antiguo colega, cree que Meza habría criticado demasiado a la policía. (CPJ/Rubén Escobar)
Más allá de su enorme popularidad, existen otros paralelos entre Meza y Nahúm Palacios. Se iniciaron muy jóvenes en los medios, ambos en deportes. Abraham Mejía, el patriarca de la radiodifusión local, recuerda haberle dado a Meza un trabajo para que jalara cables en unas emisiones de radio de partidos de fútbol locales. Esto ocurrió cuando Meza tenía unos 10 años de edad, cerca de 40 años atrás. Más tarde, Mejía y Meza compartirían labor de conducción en el Canal 45 de televisión durante 22 años.
Meza era, también, el periodista de calle más conocido. Y, al igual que Palacios, se especializaba en ayudar a gente que había sido maltratada por el gobierno o empresas. Como Palacios, era conocido como el representante de los pobres. “Esta es una ciudad de abusos. El gobierno se abusa de los pobres. Los ricos, las empresas, se abusan de los pobres. Hasta la clase media toma lo que quiere de los de abajo”, señaló Julio César Rodríguez, corresponsal del diario La Tribuna en La Ceiba. “¿Quién está para frenarlos? David Meza los frenó, y lo hizo durante años”.
Rodríguez continuó: “Pero David era una moneda con dos caras. En el otro lado era corrupto”. Mejía, su compañero en la conducción en el Canal 45, lo pone de esta manera: “Tenía sus virtudes como reportero, pero sus debilidades también, debo admitirlo. Abusó de su poder para obtener dinero de funcionarios y avisos de empresas. A veces no se detenía ni aún después de haber recibido el pago”. Los familiares de Meza no quisieron hacer comentarios al respecto.
Existe una pandilla en La Ceiba que se llama Los Grillos, supuestamente con mucho peso en el mundo de la droga. Según periodistas, la pandilla aceptaría un contrato para cometer un asesinato por 260 dólares, acaso más si se tratara de alguien famoso como David Meza. Mientras el representante del CPJ estaba en La Ceiba, otro periodista televisivo, Pablo Zapata, recibió un mensaje de texto indicando que, así como hicieron con Meza, Los Grillos lo iban a matar. No hubo forma de verificar quién había enviado el mensaje. Zapata reveló que todo lo que había hecho es contarle a su audiencia que si tenían información sobre dos asesinatos en los cuales Los Grillos eran sospechosos debían llamar a la policía.
Mejía es partidario de una teoría sobre la muerte de Meza. Mejía piensa que Meza fue demasiado lejos en sus ataques en la televisión sobre la policía local. Durante casi dos meses antes de ser asesinado, Meza criticó constantemente a la policía y la calificó de corrupta e incompetente, un punto de vista que no era difícil de vender. Invitaba a la audiencia a compartir sus propias malas experiencias, según periodistas locales. Se convirtió en una guerra entre Meza y los policías, señalaron Mejía y otros reporteros. “David pensó que era demasiado grande para perder la pelea”, agregó Mejía. “Pero la policía no puede permitir ser humillada, no de esa manera. Entonces tuvieron que reaccionar”. El jefe de policía de La Ceiba, José Ayala, no respondió a las consultas del CPJ para referirse al tema.
Paradójicamente, según denuncias de muchos periodistas, la policía tendría vínculos con la pandilla Los Grillos, y si fuera la policía quien asesinó a Meza podría haber utilizado a la banda para concretar el trabajo.
Un fiscal local señaló al CPJ que dictó cuatro órdenes de arresto y está buscando a los sospechosos, pero se negó a discutir el posible motivo u otros detalles del crimen.
Meza se había convertido en un fuerte crítico de la policía local, según sus colegas. (Diario Tiempo)
Joseph Hernández Ochoa, Canal 51
1 de marzo, Tegucigalpa
Joseph Hernández Ochoa, de 25 años, apenas estaba empezando. Era un estudiante de periodismo y tenía un programa de entretenimiento con un poco de música y celebridades en el Canal 51, una pequeña estación privada de televisión. Además, tenía participación económica en una discoteca que se llama Toque de Queda, según informes de prensa. Fue ultimado a tiros el primero de marzo, un día antes de que comenzara un nuevo programa en el canal 8 del estado.
Hernández fue asesinado mientras conducía a Karol Cabrera, una de las periodistas más controvertidas del país. La mayoría de las balas impactaron a Hernández, quien murió en el acto, pero Cabrera también recibió heridas de consideración. Tan pronto como pudo ofrecer entrevistas, la reportera denunció que el ataque había sido directamente contra ella y vinculado con su labor como comentarista radial. Al aire, Cabrera ha sido una de las más comentaristas de radio más francas, algunos dicen divisivas, de todo el país. Sus críticos sostienen que Cabrera incitaba ataques físicos contra los opositores al gobierno de facto. Cabrera afirmó al CPJ: “Soy solo una periodista de investigación. Yo investigo a esta gente y luego la exhibo al público. La verdad los enfurece”.
En diciembre pasado, en la misma ruta donde balearon a los periodistas, la hija de 16 años de Cabrera, Katherine, embarazada de ocho meses, también fue víctima de una emboscada. La mataron. Su bebé, que inicialmente se había salvado, también falleció. Cabrera, quien tenía protección policial, indicó que su hija era considerada vulnerable y en consecuencia fue atacada.
Mientras muchos periodistas hondureños creen que los asesinatos de algunos de los siete periodistas son el resultado de una trama clandestina para silenciar a críticos del gobierno, Cabrera aseguró al CPJ que los opositores al gobierno intentaron matarla. “La resistencia asesinó a mi hija y a mi nieto. La resistencia estaba allí en la calle disparándome esa noche”. Cabrera lleva su teoría más lejos. Si la izquierda en Honduras observa a los ricos de derecha al mando de escuadrones de la muerte con control sobre la policía para asesinar periodistas y activistas, Cabrera afirma que la izquierda controla células de la policía para matar gente de la derecha. “En el operativo para matarme había dos altos funcionarios de la policía en motocicletas dirigiendo todo. Existen declaraciones de testigos como pruebas, pero la policía lo ha ocultado”. Un vocero de la policía nacional calificó de “absurdas” las afirmaciones de Cabrera.
La policía arrestó a dos jóvenes integrantes de una pandilla vinculados con la muerte de la hija de Cabrera. Son individuos, según informes de prensa, sin relación con la izquierda política. Pero Cabrera insiste en que es otra muestra de cuán lejos puede llegar la policía para proteger a la izquierda. La policía no hizo declaraciones sobre la investigación del ataque contra Hernández y Cabrera, excepto que el caso está progresando.
Tras recuperarse de sus heridas, Cabrera se recluyó en una base militar con el argumento de que era el único lugar donde ella y sus dos hijos estarían seguros. El 10 de junio, según informes de prensa, ella y sus hijos emigró a Canadá.
MOTIVO SIN CONFIRMAR
Manifestantes en Tegucigalpa protestan por la violencia contra los periodistas.
La investigación del CPJ reveló que el periodismo pudo haber jugado un rol determinante en los asesinatos de estos cuatro periodistas. El CPJ continuará examinando los motivos y las circunstancias de estos casos.
Luis Arturo Mondragón, Canal 19
14 de junio, El Paraíso
Mondragón recién había concluido el informativo de la tarde en Canal 19, la emisora de su propiedad. Cuando caminaba hacia afuera, lo esperaban dos sujetos en un vehículo. Le dispararon varias veces, según informes de la prensa. Periodistas locales y su familia indican que Mondragón era demasiado punzante en sus notas sobre corrupción, narcotráfico y el negocio ilegal de la madera que está arrasando los bosques cercanos. “Esos son temas peligrosos acá”, afirmó Osmin García, corresponsal del diario Tiempo. “Él hablaba de ellos en el noticiero sin dar nombres, pero eso no era protección suficiente”.
Mondragón también tenía prontuario. El periodista había sido acusado en dos crímenes violentos –incluyendo un supuesto ataque sexual- y en un robo. Los cargos en su contra no fueron procesados por la justicia. Funcionarios de la oficina del fiscal regional afirmaron al CPJ que algunas acusaciones habían sido desestimadas por un juez y que en otras Mondragón había llegado a acuerdos privados con el demandante.
Uno de los hijos de Mondragón, Carlos, aseguró al CPJ que su padre había reunido a la familia en un encuentro reciente para hablar sobre amenazas que habría estado recibiendo, cuya naturaleza se desconoce. De hecho, según subrayó Carlos Mondragón, desde hacía años que era amenazado pero recientemente las amenazas habían crecido y parecían más serias. “Pero mi padre tenía la actitud de ir al frente de cualquier manera. Aseguraba que tenía que seguir. Señalaba, ‘Si me van a matar no me van a amenazar primero, simplemente me matan’”. Su hijo sostuvo que la lista de gente en El Paraíso que podría haber ordenado su asesinato es corta y todos saben quiénes son.
Al ser consultada por el CPJ, la policía no quiso hablar sobre la investigación.
Jorge Alberto Orellana, Canal 10
20 de abril, San Pedro Sula
El coordinador de fiscales del Ministerio Público Rafael Fletes es una persona tensa por la frustración y la certeza. El 2 de julio acusó a Joseph Cockborn Delgado por el asesinato del periodista Jorge Orellana. Fletes señaló que tiene testigos que ubican a Cockborn en la escena del crimen. Y existe otra evidencia sólida que Fletes aseguró no poder revelar. Pero hay algo que lo frustra, reconoció, y es que solo tiene la mitad del caso resuelto; aún le falta el móvil y no sabe quién ordenó el asesinato. Pero está absolutamente convencido de que fue un asesinato por encargo.
Fletes ofreció los detalles del crimen. Orellana, un conocido y venerado presentador en San Pedro Sula, la segunda ciudad hondureña en tamaño, abandonaba la estación de televisión el 20 de abril después de culminar su programa de entrevistas nocturno de una hora. Cruzó la calle en dirección a su carro, colocó las llaves en la puerta y las dejó allí para tomar una llamada que recibió en su teléfono celular. Caminó unos metros detrás del auto; impaciente, conversaba por teléfono. El asesino se acercó por detrás, le disparó una vez en la cabeza y luego tomó su celular.
Fletes tiene bajo control un organismo que es responsable del 10 por ciento del territorio. “Tenemos entre ocho y nueve asesinatos por día en mi región. Los investigadores, si se pueden llamar investigadores, van de una escena del crimen a la otra pero no hay tiempo de investigación”, destacó. “Pienso que el 10 por ciento de los asesinatos son resueltos, y esos son los casos fáciles cuando encontramos al asesino parado al lado del cuerpo. El caso de Orellana es diferente. Su asesinato es un ataque a toda la sociedad, al derecho de la gente a estar informada. Tengo gente que está trabajando en ese caso”. Si Fletes está en lo correcto, el próximo paso en la investigación, establecer el motivo, podría ser el verdaderamente peligroso. Podría conducir a quienes querían mantener a Orellana en silencio.
Pero nada parece sencillo cuando se trata de los asesinatos de periodistas en Honduras. El jefe de policía de San Pedro Sula, una de las primeras personas en llegar a la escena del crimen, el encargado de desplegar a sus hombres para encontrar a los testigos, aseguró que está absolutamente seguro que Orellana fue asesinado por un delincuente común que solo quería robarle el teléfono celular.
El jefe policial, Comisionado Héctor Mejía Velázquez, llevó al representante del CPJ a la escena del crimen para reconstruir el asesinato. “El asesino estaba escondido en este grupo de árboles”, indicó Mejía apuntando al edificio de un piso, color salmón, de la estación de TV. “Siguió a Orellana cruzando la calle”, dijo en la demostración. “El hombre puso el arma detrás del oído derecho y le dijo, ‘Dame el teléfono’. Tenemos un testigo que lo confirma. Orellana se dio vuelta para resistir y el hombre lo mató. No hubo asesino por encargo. Fue un crimen común. Eso es todo”.
Mejía indicó que no había llaves en la puerta del carro, por lo que hasta en los mínimos detalles los dos funcionarios más veteranos de investigación ni siquiera se ponen de acuerdo.
Sumado al misterio está el hecho de que la viuda de Orellana, Silvia, informó al CPJ que el periodista tenía en su poder el equivalente a 950 dólares en efectivo, dinero que no se ha recuperado. El dato fortalecería la idea de que el motivo fue el robo. Orellana había extraído el dinero para hacer dos pagos de automotor. Pero, según la viuda, “la policía es famosa por quedarse con el efectivo de las víctimas de asesinato”.
Silvia Orellana tiene dos hijos jóvenes para educar y quiere que las preguntas sobre cómo y por qué fue asesinado su esposo puedan quedar a un lado para manejar la vida del resto de su familia. Silvia miró de frente y habló despacio sin interrupciones, como si tratara de autoconvencerse: “Quiero creer que fue un crimen común. Eso es lo mejor para mi familia. Pero si fue un asesinato, nunca sabremos las razones y será peligroso para mí preguntar. ¿Qué pasaría con mis hijos si pregunto quiénes asesinaron a mi esposo? Nunca estaré segura si hago las preguntas equivocadas”.
Si el asesinato de Jorge Orellana fue por encargo, es difícil encontrar un motivo claro. Personalmente, afirman sus amigos, se ubicaba en la izquierda política, situación que lo ponía en contra del gobierno y de los poderosos intereses económicos que tienen tanta influencia en el país. Pero al aire, aseguran, era un moderado, con invitados en su programa de todo tipo de organizaciones. Distinto a otros presentadores en San Pedro Sula, no era estridente, según Patricia Murillo, quien conduce el departamento de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el valle de Sula. Fue profesora de Orellana y luego su colega cuando el periodista impartió clases en la entidad educativa. Murillo indicó que su programa era el más equilibrado.
Pero desde el golpe de estado, el balance ha estado fuera de moda y la gente advierte conspiraciones en el trabajo entre quienes se ubican en el lado opuesto de su simpatía política. Aún cuando Orellana haya sido verdaderamente imparcial en su programa, su equilibrio podría no haber sido suficiente para protegerlo en este período tan convulsionado en Honduras.
José Bayardo Mairena y Manuel Juárez
Canal 4, Radio Excélsior, Radio Patria
26 de marzo, Juticalpa
Eran dos hombres que practicaban un periodismo básico en una ciudad remota en el poco poblado centro del país, con un pequeño ingreso merced a un programa de televisión que mostraba mayormente videos de música antiguos y un show radial con comentarios sobre espiritualidad, ocasionales informes derivados de la prensa local y llamados de oyentes. ¿Por qué habrán sido víctimas de una emboscada en un camino rural y ultimados a tiros el 26 de marzo?
Luego de dejar una grabación de su programa en la Radio Patria en Catacamas, los periodistas estaban a pocos minutos de su ciudad de origen, Juticalpa. Era un viaje de rutina, pero en esta ocasión un vehículo los esperaba al otro lado de la ruta. De pronto, se cruzó frente al suyo y lo bloqueó. Una lluvia de balas alcanzó la parte delantera del automóvil y el costado del conductor, reporteros locales relataron al CPJ.
Mairena había trabajado en el negocio de la radiodifusión durante 20 años. Compró un espacio en una estación de radio y televisión local, produjo sus propios programas, y luego vendió espacios de publicidad. Es la forma en que generalmente se practica la radiodifusión en Honduras, incluso los informativos. Era el socio de mayor jerarquía. Juárez se había unido como asistente y era su compañero en el aire desde hacía tres años.
Periodistas locales afirmaron que a excepción de un solo tema, se mantuvieron alejados de cualquier cuestión que pudiera causar problemas. Ciertamente nunca hablaron de corrupción local, un tema con mucho para decir. Tampoco hablaban sobre la policía, de quien nadie es simpatizante. No se referían a los carteles de la droga que dominan la región, la policía y los políticos, y que utilizan el área como escala para el transporte de estupefacientes de Sudamérica hacia México. Sin embargo, no puede descontarse que de alguna manera algo se les haya escapado y los carteles decidieron que era suficiente para asesinarlos. O que a pesar de su cautela, tocaron algún tema que alguien pensó era demasiado sensible para dejarlos con vida. Juticalpa es una zona muy peligrosa.
En período de elecciones, hablaban sobre política pero tal vez lo hacían porque había dinero de por medio. Avisos políticos que debían cuidar. Y entonces se referían a los candidatos que los patrocinaban, indicaron reporteros. Como expresó el director de su estación de radio, Víctor Jiménez, en esta zona de Honduras “practicamos el periodismo de estómago, que significa periodismo que nos provee comida. Promueve preguntas complicadas sobre la ética”. Pero ninguno de los periodistas consultados por el CPJ en Juticalpa piensa que fueron asesinados por apoyar a un candidato político en su programa.
No, el consenso es que fue algo más básico. Existe un tema al que hicieron referencia en el programa que pudo haber inducido a sus muertes. Se trata de una disputa entre dos familias poderosas de Juticalpa, una pelea en la cual decenas de personas han sido asesinadas este año y el pasado, reporteros locales relataron al CPJ.Mairena era más cercano al dueño de Radio Excélsior, Arnulfo Miranda. Y Miranda, a su vez, estaba muy vinculado a una de las familias en medio de la disputa, según informaron periodistas locales. Esto significa que cada vez que Mairena emitía una información complementaria sobre Miranda, estaba enfureciendo a los enemigos letales de su patrón. La teoría es que para marzo, Mairena y Juárez fueron añadidos a la lista de personas que habían caído víctimas de la disputa.
El CPJ intentó entrevistar a Miranda para que efectuara comentarios, pero empleados de la emisora confirmaron que el propietario no ha sido visto durante meses. Creen que Miranda se ha escondido en busca de refugio por la disputa entre las dos familias.
La policía prefirió no referirse a la investigación sobre los asesinatos.
Impunidad promueve asesinatos de periodistas en Honduras
La impunidad no dicta órdenes para asesinar. Tampoco organiza una reunión de vehículos utilitarios repletos de asesinos y los envía a ejecutar su misión. Pero la impunidad garantiza que un sicario se sienta siempre seguro, que el autor intelectual de un crimen nunca tenga que preocuparse. Y la impunidad es creación del gobierno. En el caso de Nahúm Palacios, las fallas iniciales en la investigación sugieren que las autoridades no tenían intención de arrestar a los autores del crimen. En el asesinato de David Meza, la misma policía local que fue blanco de críticas por parte del periodista no ha exhibido evidencia de progreso en su investigación. En la investigación del crimen de Jorge Orellana, los dos funcionarios de mayor rango no pueden ponerse de acuerdo sobre si se trató de un asesinato por encargo o un simple robo.
El gobierno de Honduras ha fracasado para ejercer la supervisión que se necesita sobre la policía nacional, que es responsable de investigar estos crímenes. A largo plazo, el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo han decidido no asignar recursos necesarios ni proveer de entrenamiento a la policía, opciones que han tenido resultados totalmente predecibles. Diplomáticos y periodistas afirmaron que la policía también ha sido infiltrada por bandas criminales.
En el corto plazo, altos funcionarios del gobierno han fijado un discurso peligroso. No solo no condenaron públicamente la violencia contra la prensa, sino que un funcionario de alto rango intentó minimizar su gravedad. Las autoridades no siguieron las recomendaciones de la OEA de otorgar medidas cautelares que, al menos en un caso y de haberse puesto en práctica, habrían prevenido el asesinato de un periodista. En su conjunto, las acciones del gobierno crearon un clima de desconcierto en el cual los criminales se sintieron con libertad para asesinar a sus enemigos.
Si el gobierno hondureño pretende ser tratado como un socio internacional responsable, deberá tomar medidas urgentes en forma inmediata para corregir estas graves fallas. Deberá asignar investigadores desinteresados y capacitados; las investigaciones deberán ser transparentes y con la garantía de que no habrá conflicto de intereses.
El Presidente Lobo y altos funcionarios deben comenzar por manifestarse públicamente contra los ataques a periodistas, de un modo convincente y oportuno. Su gobierno debe respetar su obligación ante la OEA y adoptar recomendaciones para proteger a los periodistas y otros críticos.
La comunidad internacional, incluyendo a la OEA y los Estados Unidos, deben reclamar al gobierno de Honduras que tome medidas elocuentes, susceptibles de ser medidas, y acciones perdurables. Convocar al FBI mucho después de ocurridos los crímenes no es otra cosa que una cuestión de imagen. Solo un compromiso de largo plazo por parte de altos funcionarios del gobierno, en cuanto al discurso, las estrategias y los recursos, podrían poner fin al clima de impunidad. Es posible de concretar, y debe comenzar ahora mismo.
Fuente: Defensoresenlinea.com
Tegucigalpa. 27 Julio 2010. La Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH) desarrollará una semana de acciones estratégicas para la defensa de la educación nacional, que inicia con un paro nacional de labores hoy martes, declaró el presidente del Colegio Profesional Superación Magisterial de Hondaras (Colprsumah), Edwin Oliva.
Centro USA para los Derechos Constitucionales:
Tegucigalpa. 27 Julio 2010. “El gobierno propicia un clima de ilegalidad que permite a los criminales matar periodistas y permanecer en la impunidad”, en Honduras, acusa un informe de 15 páginas divulgado, hoy, por el Comité para la Protección a los Periodistas, CPJ, por sus siglas en inglés.