jueves, 3 de noviembre de 2011

Convoquémonos a una manifestación ciudadana por la justicia y contra la violencia y corrupción

 
Marcha_por_la_seguridad_y_la_paz1
El mundo ya no es mundo de la palabra
Nos la ahogaron adentro
Como te asfixiaron, como te desgarraron a ti los pulmones
Y el dolor no se me aparta, sólo tengo al mundo
Por el silencio de los justos
Sólo por tu silencio y por silencio, Juanelo.
Javier Sicilia, poema a su hijo asesinado

Por los más de 100 universitarios, por los campesinos del Aguán, por las mujeres, por los miembros de la comunidad LGTTB, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros amigos y por nuestros compañeros muertos por la violencia institucional y el terrorismo de Estado, levantemos nuestra voz.

FNRP presenta documentación para inscripción de Partido LIBRE ante el Tribunal Supremo Electoral

Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 30 Octubre 2011. Después de 2 semanas de arduo trabajo de levantamiento de firmas y últimas revisiones de los documentos constitutivos, el Frente Nacional de Resistencia Popular presentó este domingo, ante el pleno del Tribunal Supremo Electoral, más de 81 mil firmas y demás documentos que respaldan la petición de inscripción de su instrumento político, Partido Libertad y Refundación (LIBRE).
Miles de simpatizantes y militantes del FNRP se dieron cita en los predios del Tribunal Supremo Electoral para acuerpar la presentación de los documentos, los que además de las firmas incluyen: la Declaración de Principios, Estatutos, Plan de Acción Política, Acta Constitutiva y estructuras municipales, departamentales y nacionales de LIBRE.
En el interior del TSE, la Coordinación Nacional de FNRP a través del Coordinador General, Manuel Zelaya, hizo formal entrega de la documentación, la que fue recibida por los Magistrados del organismo electoral, los que luego de un acto protocolario, dieron por recibidos los documentos.
En su intervención Zelaya expresó que “es mi deber informar a esta sociedad y a los representantes del Estado de Honduras aquí presentes, que el pueblo hondureño ha iniciado desde las bases un movimiento muy fuerte, democrático, amplio, participativo que no se va a detener, que no va a escatimar ningún esfuerzo hasta lograr la libertad de este país y la Refundación de Honduras que es uno de nuestros mejores propósitos, con el fin de alcanzar la justicia que merece y demanda todo el pueblo hondureño”, a la vez agregó que con ese acto se marca el fin del tradicionalismo político, ”estamos iniciando una nueva era, una nueva era de apertura democrática, de socialismo democrático abierto para el pueblo hondureño y esta nueva era tiene un nombre: Partido Libertad y Democracia, LIBRE”, culminó.
Por su parte Juan Barahona, Sub Coordinador del FNRP y LIBRE afirmó que éste “es la expresión del pueblo hondureño después del 28 de junio del 2009, fecha en que se dio el golpe de Estado, quedamos en espera de la respuesta positiva de los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, dándonos el reconocimiento jurídico, porque hemos cumplido con todos los requisitos legales que la Ley nos exige”.
En tanto, el líder sindical y miembro de la Coordinación Nacional del FNRP, Carlos H. Reyes, apuntó que con este acto se da cumplimiento al mandato de la Asamblea del 26 de junio de este año, a la vez enfatizó que cualquier triunfo de LIBRE no servirá si no se fortalece el FNRP el que constituye la base de la transformación del país, “si el FNRP no es fuerte, LIBRE de nada servirá que gane, porque ya tenemos la experiencia, le dieron un golpe de Estado a un Presidente electo constitucionalmente y que tenía un Partido que lo respaldara”, cerrando su intervención con vivas para Morazán, Bolívar, Honduras y Latinoamérica.
A partir de este momento y según lo establece la Ley, el TSE tendrá 20 para el cotejamiento de las firmas con el Censo Nacional electoral y luego 60 días de exposición de las mismas en los municipios, con el objetivo de que los ciudadanos puedan revisarlos y si es el caso, reclamar el uso indebido de su nombre. Durante este tiempo el TSE revisará y calificará si la documentación presentada cumple con los requisitos de Ley, por lo que se espera que en un tiempo máximo de 100 días se tenga una resolución formal de si se acepta o no la inscripción del Partido LIBRE.

Asesinan campesino en el Bajo Aguán afiliado a MARCA

El campesino Catalino López, 50 años, seis hijos menores de edad, perteneciente al grupo campesino El Despertar, margen izquierda del Río Aguán, fue asesinado alrededor de las 12:00 del día por guardias de seguridad del empresario René Morales. De acuerdo a sus compañeros de organización el dramático hecho se produjo cuando varios campesinos llegaban a esa comunidad desde el cementerio donde se habían citado varias comunidades para limpiarlo en ocasión del día de difuntos que se celebra mañana.

Entraban a esa comunidad en un camión pequeño propiedad de su empresa cuando guardias de seguridad que se conducían en dos vehículos, uno grande y otro pequeño, los detuvieron e inmediatamente, sin mediar palabra, dispararon contra ellos provocando sorpresa en los agredidos que se lanzaron del vehículo y echaron a correr en diferentes direcciones para ponerse a salvo.

Catalino López no pudo escapar y, como él, otros dos de sus compañeros sufrieron heridas de bala. José Luis Lemus (35 años) fue conducido en estado de gravedad al hospital Atlántida de La Ceiba; a Nilda Fúnez Nataren (18 años) una bala fracturó uno de sus brazos y arrancó parte de la piel de uno de sus pechos.

Inmediatamente de la agresión armada los guardias de seguridad se retiraron a las plantaciones de René Morales y, de acuerdo a las versiones de dirigentes campesinos, el ejército y la policía integrada a la operación Xatruch II, se movilizaron para esas plantaciones para acompañar a los guardias de seguridad, olvidando su obligación de proceder a la captura de los victimarios y socorrer a las víctimas.

Como hemos señalado en otras oportunidades cuando se han dado hechos de sangre, los convenios entre campesinos y terratenientes, aún mediando el Estado, no garantizan la no violación de derechos humanos. Las cuatro organizaciones campesinas afiliadas a MARCA fueron asentadas en la finca San Esteban con 471 hectáreas por el mismo INA, luego de llegar a un acuerdo con René Morales, según confirmó en aquella oportunidad el jefe regional de esa institución en Sinaloa.

Precisamente por ese estado caótico que se expresa con graves violaciones a los derechos humanos, las organizaciones que participaron en la audiencia concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 24 de octubre recién pasado, solicitaron a este organismo que emitiera recomendaciones al Estado de Honduras para que investigara y sancionará los crímenes y demás violaciones graves a los derechos humanos en el Bajo Aguán y que regulara debidamente el funcionamiento de las empresas de seguridad privada, imponiéndoles el respeto pleno de los derechos humanos.

Tales recomendaciones se hicieron públicas por distintos medios de comunicación y, desde luego, fueron escuchadas por los representantes del régimen y la respuesta es contundente: no les importa la condena surgidas de amplios sectores del pueblo hondureño, la comunidad internacional y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

Las expresiones de impotencia de altos funcionarios del régimen –civiles, de la policía y militares-por los altos grados de criminalidad en el país, seguidas de promesas reiterativas para superar este gravísimo estado de cosas suenan huecas, hipócritas y cínicas.

Sin otra alternativa FIAN Honduras sigue pidiendo expresiones del pueblo y organizaciones internacionales solidarias con el propósito de que concluyan en la eliminación de la violencia y la impunidad, y se devuelva al pueblo la paz que tanto añora, en especial a los campesinos que viven bajo la agresión permanente de militares, policías, guardias de seguridad privada y sicarios.

Tegucigalpa MDC 1 de noviembre de 2011

Gilberto Rios
Secretario Ejecutivo
FIAN Internacional
Seccción Honduras

WikiLeaks Honduras: EE.UU. vinculado a brutales empresarios

Common Dreams/The Nation
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
Desde 2009, sin que lo hayan advertido los medios internacionales, el gobierno golpista de Honduras ha estado colaborando con acaudalados terratenientes en una violenta represión contra pequeños agricultores que luchan por sus derechos a la tierra en el valle Aguán, en la región nororiental del país. Más de 46 campesinos han sido asesinados o han desaparecido. Los grupos de derechos humanos acusan de que muchos de los asesinatos han sido perpetrados por el ejército privado de guardias de seguridad empleados por Miguel Facussé, magnate de los biocombustibles. Los guardias de Facussé trabajan en estrecha colaboración con los militares y la policía hondureña, que reciben un generoso financiamiento de EE.UU. para librar la guerra contra la droga en la región.
Nuevos cables de WikiLeaks revelan ahora que la embajada de EE.UU. en Honduras –y por lo tanto el Departamento de Estado– ha sabido desde 2004 que Miguel Facussé es un importador de cocaína. En otras palabras, la “narcoguerra” de EE.UU. se utiliza para, entrenar y apoyar la guerra de un conocido narcotraficante contra los campesinos.
Miguel Facussé Barjum, es según la embajada “el empresario más rico y más poderoso del país”, uno de los “pesos pesados políticos” del país. El New York Times lo describió recientemente como “el octogenario patriarca de una del puñado de familias que controlan gran parte de la economía de Honduras”. El sobrino de Facussé, Carlos Flores Facussé, fue presidente de Honduras de 1998 a 2002. La corporación Dinant de Miguel Facussé es un importante productor de aceite de palma, comida chatarra, y otros productos agrícolas. Fue uno de los partidarios clave del golpe militar que derrocó al presidente democráticamente elegido Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009.
La base del poder de Miguel Facussé se encuentra en el bajo Valle del Aguán, donde los campesinos se establecieron originalmente en los años setenta como parte de una estrategia de reforma agraria del gobierno hondureño que alentó cientos de exitosas cooperativas y colectivos campesinos en la región. Desde 1992, sin embargo, los nuevos gobiernos neoliberales comenzaron a promover la transferencia de sus tierras a elites acaudaladas, que se apresuraron a aprovechar el apoyo estatal para intimidar y obligar a los campesinos a vender sus tierras, y en algunos casos para adquirir tierras mediante un fraude evidente. Facussé, de lejos el mayor beneficiario de esas políticas estatales, ahora reivindica por lo menos 8.900 hectáreas en el bajo Aguán, por lo menos un quinto de toda la zona, y en gran parte la ha plantado con palmas africanas para un imperio de biocombustible en plena expansión.
Mientras tanto, los niveles de vida de los campesinos de la región han bajado dramáticamente. En diciembre de 2009 miles de campesinos organizados comenzaron a realizar recuperaciones colectivas de tierras en el bajo Aguán que según ellos les fueron robadas, o prometidas legalmente por el gobierno a través de previos acuerdos o edictos.
Los esfuerzos de los campesinos han sido enfrentados con rápidas y brutales represalias. Según el Comité de Familias de Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH), un grupo independiente altamente respetado de derechos humanos, por lo menos 44 personas han sido asesinadas, 16 solo el verano pasado. Las víctimas incluyen a dirigentes de grupos como el Movimiento Unificado de Campesinos de Aguán (MUCA), que participa en tomas de tierras, pero también a miembros de comunidades estables que han estado en el lugar durante décadas, como Guadalupe Carney, Rigores o Prieta, cuyos residente creían que tenían títulos seguros de propiedad de sus tierras. Según una declaración de Human Rights Watch en la que pide una investigación, nadie ha sido arrestado o enjuiciado por alguno de esos asesinatos.
Muchos de estos asesinatos y ataques se han atribuido a guardias privados de seguridad de Miguel Facussé, así como a sus asociados. Los sicarios van de civil o con uniformes del Grupo Dinant y se dice que son entre 200 y 300. El propio Facussé admite que el 15 de noviembre de 2010 sus guardias mataron a tiros a cinco campesinos del MUCA en la comunidad El Tumbador. Un informe de julio de 2011 sobre las matanzas de campesinos en el Aguán de una misión investigadora del Consejo Mundial de Iglesias, Foodfirst Information and Action Network (FIAN) International, y otros grupos internacionales, señala: “En todos los casos, según testigos y miembros de los movimientos de campesinos, los guardias de seguridad que trabajan para Miguel Facussé y René Morales están considerados los protagonistas primordiales”, incluso en las muertes de tres miembros del MUCA el 17 de agosto de 2010.
Los supuestos asesinatos y ataques armados de guardias de Facussé continúan. El 5 de octubre, se informa de que los guardias de seguridad de Facussé atacaron a tiros e hirieron gravemente a dos miembros del MUCA en la comunidad campesina San Isidro, según FIAN. El 11 de octubre en La Aurora, informan FIAN y otros grupos de derechos humanos, por lo menos seis guardias de seguridad de tierras reivindicadas por la Corporación Dinant de Facussé, junto a policías y fuerzas militares, mataron a tiros a Santos Serfino Zelaya Ruiz, de 33 años, y abrieron fuego contra 15 mujeres que repartían sal, quienes se ocultaron durante horas entre las palmas.
El 8 de enero de 2011, el activista opositor y periodista Juan Chinchilla fue secuestrado en el valle Aguán, torturado e interrogado. Escapó después de dos días e informó en una entrevista que sus secuestradores “llevaban casi todos uniformes del ejército, la policía y de guardias privados de Miguel Facussé”.
Grupos de derechos humanos de todo el mundo han denunciado los ataques de Facussé a los campesinos hondureños. El 8 de abril, el banco alemán de desarrollo DEG (Deutsche Investitions und Entwicklungselleschaft mbH), anuló un préstamo de 20 millones de dólares a Dinant después de investigar la situación. Una semana después EDF, una importante corporación energética francesa, anunció que anulaba sus planes de comprar créditos de carbono a Dinant.
Facussé ha respondido agresivamente en su defensa con anuncios de página completa. También demandó hace poco por difamación al obispo de Honduras Luis Alfonso Santos y a Andrés Pavon, presidente del conocido Comité para la Defensa de Los Derechos Humanos (CODEH).
En tándem con los asesinatos y desapariciones de activistas individuales, la policía y los militares hondureños han lanzado, durante el último año y medio, sucesivas olas de represión contra comunidades campesinas completas, tanto asentadas en nuevos sitios ocupados como en otras estables con un estatus legal a largo plazo. El 15 de diciembre de 2010, entre 500 y 1.000 policías y militares rodearon la pequeña localidad campesina de Guadalupe Carney con francotiradores y helicópteros y realizaron allanamientos casa por casa en busca de supuestas armas, que nunca encontraron. Los soldados se quedaron acampados en el centro del pueblo desde entonces. En abril de 2010, 2.000 policías y militares hondureños ocuparon todo Valle del bajo Aguán, controlando el acceso e intimidando a los residentes.
La situación ha empeorado desde mayo, y sigue escalando. Cinco guardias de seguridad, un policía, y otros cinco, además de 16 campesinos, han muerto. La región está nuevamente ocupada por 1.000 soldados en una operación militar llamada Xatruch II, que apunta a combatir guerrilleros armados, de cuya existencia no existe ninguna evidencia. Tampoco se ha presentado evidencia que vincule a los campesinos con las otras muertes.
En general, la ocupación y represión del bajo Aguán ha llegado a proporciones aterradoras. “Con la militarización Xatruch II tratan de convertir nuestra zona en Iraq”, acusan COFADEH y el MUCA. “Nuestros asentamientos están sometidos a un continuo estado de sitio”.
El 24 de junio, solo con una hora de advertencia, la policía quemó casi toda la comunidad de Rigores de más de 100 casas, de diez años de antigüedad, y aplanó sus tres iglesias y su escuela de siete aulas. Los residentes comenzaron a reconstruir sus casas con carpas y palos, pero entre el 16 y 18 de septiembre, como respuesta a la muerte de un policía cercano, la policía irrumpió en el pueblo, agarrando y deteniendo gente al azar, incluidos niños. Uno de ellos era un niño de 16 años que ha testificado que los policías le pusieron una bolsa sobre la cabeza, lo rociaron con gasolina y amenazaron con matarlo. El 20 de septiembre policías y militares desalojaron exitosamente a todos los que quedaban en la comunidad.
Numerosos testigos presenciales y grupos de derechos humanos informan de que los guardias privados de Facussé, policías y militares, participaron en conjunto en esos violentos desalojos y las muertes asociadas con ellos: en El Tumbador el 15 de noviembre de 2010; en Guadalupe Carney el 15 de diciembre de 2010; en Rigores el 24 de junio de 2011; y en La Aurora el 11 de octubre, donde las mujeres se ocultaron entre los árboles, así como en el secuestro de Chinchilla. El pasado 15 de agosto, informa COFADEH, los guardias de Facussé junto con policías y miembros de las fuerzas armadas atacaron brutalmente a los campesinos en la plantación de palmas africanas conocida como Finca Panamá.
Según Rights Action, un grupo de derechos humanos basado en Washington DC y Toronto, “informa de que militares, policías y fuerzas privadas de seguridad intercambiaron uniformes según el contexto, para movilizarse en conjunto en patrulleros policiales y coches que pertenecen a compañías privadas de seguridad empleadas por los dueños de plantaciones de palmas africanas”. COFADEH concluye diciendo: “La relación entre los militares y los guardias privados de seguridad demuestra claramente que los guardias de seguridad actúan como fuerzas paramilitares”.
En los últimos dos años desde el golpe, el financiamiento por EE.UU. de los militares y policías hondureños ha aumentado drásticamente. EE.UU. ha asignado 45 millones de dólares en nuevos fondos para la construcción militar, incluida la expansión de la Base Soto de la Fuerza Aérea en Palmerola, operada en conjunto (con suministro ahora de drones estadounidenses) y ha abierto tres nuevas bases militares. El financiamiento de la policía y de los militares, casi 10 millones de dólares en 2011, aumentó drásticamente en junio con 40 millones más según la nueva Iniciativa Regional Centroamericana de 200 millones de dólares, supuestamente para combatir el narcotráfico en Centroamérica, que, ciertamente, es flagrante, peligroso y creciente en Honduras bajo el gobierno posterior al golpe de Lobos, especialmente en el Aguán.
Las operaciones militares hondureñas en el valle del bajo Aguán, incluidas operaciones conjuntas con guardias de Facussé, se benefician de estos fondos, así como de un entrenamiento especial. En verano de este año 70 miembros del Batallón Quince de Honduras recibieron un entrenamiento especial de 33 días de los rangers estadounidenses. Según la Red de Solidaridad con Honduras, miembros del grupo Xatruch de Fuerzas Especiales en el valle Aguán, confirmaron en una reunión en septiembre “que habían recibido entrenamiento en operaciones especiales de militares de EE.UU., que incluyó entrenamiento de francotiradores y antiterrorismo”. Testigos presenciales informaron a Rights Action de que también vieron a rangers estadounidenses entrenando a guardias de seguridad de Facussé.
Últimamente, el 6 de octubre, miembros de la Operación Xatruch II, capturaron, detuvieron sin acusaciones y torturaron a Walter Nelin Sabillón Yanos, miembro del MUCA, según informes de FIAN. Sabillón les declaró que mientras estaba detenido en la comisaría Tocoa, las autoridades lo golpearon, le colocaron repetidamente un capuchón en la cabeza y le aplicaron tres veces choques eléctricos en las manos, el abdomen y la boca mientras lo interrogaban sobre el movimiento campesino.
El 17 de septiembre llamé a la comisaría Tocoa para preguntar por la situación de mñas de 30 campesinos que habían sido reunidos y detenidos. “Díganle que matamos a todos los campesinos”, dijo riendo el oficial, y colgó. A una colega que llamó poco después le dijeron que trataban a los detenidos “como perros”. “¿Los están torturando?” –preguntó. “Espero que así sea” –respondió el oficial.
Cables publicados el 30 de septiembre por Wikileaks aclararon aún más el papel de los militares de EE.UU. y del Departamento de Estado en el conflicto del valle Aguán. Un cable del 19 de marzo de 2004 de la embajada de EE.UU. en Tegucigalpa, titulado “Avión con droga quemado en destacada propiedad hondureña” informa de que “un conocido vuelo de tráfico de droga con un embarque de 1.000 kilos de cocaína de Colombia… aterrizó exitosamente el 14 de marzo en la propiedad privada de Miguel Facussé”. Según el autor del cable, el embajador Larry Palmer, las fuentes informaron a la policía de que “el alijo se descargó en un convoy de vehículos protegido por casi 30 hombres armados”. Vieron como quemaban el avión y sus restos enterrados posteriormente por un “buldócer/cargadora frontal”.
Palmer escribe que “la propiedad de Facussé está fuertemente protegida y la posibilidad de que los individuos hayan podido acceder a la propiedad, sin autorización, utilizado la pista de aterrizaje es cuestionable”. Una fuente “afirmó que Facussé estuba presente en la propiedad cuando tuvo lugar el incidente”.
El embajador Palmer también informó de que “este incidente marca la tercera vez en los últimos quince meses en la que se han vinculado narcotraficantes con la propiedad del señor Facussé”. En un cable subsiguiente del 31 de marzo de 2004, Palmer señaló la confiscación de “aproximadamente 700 kilos de cocaína” por las autoridades hondureñas y transmitió su opinión de que la droga podría haber provenido del avión quemado en la propiedad de Facussé.
El 22 de febrero de 2009 –cuatro meses antes del golpe– El Heraldo, un periódico derechista de Tegucigalpa, informó de que, según un funcionario de la oficina antinarcóticos del gobierno hondureño, un avión Cessna con 1.400 kilos de cocaína se había encontrado en Farallones, al este del valle Aguán en el departamento de Colón, “en una pista de aterrizaje que según nuestra información pertenece a Miguel Facussé”. Parece seguro presumir que la embajada de EE.UU. lee El Heraldo a diario y cuidadosamente.
Otros cables publicados por WikiLeaks establecen que funcionarios de la embajada se reunieron con Miguel Facussé en junio de 2006 y el 7 de septiembre de 2009, diez semanas después del golpe, y que la embajada almorzó con Facussé y Rafael Callejas, otro de los poderosos respaldos del gobierno golpista.
Una nueva embajadora estadounidense, Lisa Kubiske, llegó a Honduras en agosto de este año. Es experta en biocombustibles, el centro del imperio de palmas africanas de Miguel Facussé.
¿Qué quiere decir todo esto, entonces? Primero, la embajada de EE.UU. se reunió por lo menos dos veces con un conocido y destacado narcotraficante. Segundo, sabía que respaldó el golpe mientras se desarrollaba, como si fuera solo un “destacado empresario”.
Tercero, y lo más importante, EE.UU. financia y entrena a militares y policías hondureños que realizan operaciones conjuntas con los guardias de seguridad de un conocido narcotraficante, para reprimir violentamente a un movimiento campesino por cuenta de las dudosas reivindicaciones de Facussé de vastas áreas del valle Aguán, a fin de fortalecer su imperio de palmas africanas.
El actual presidente hondureño, Porfirio Lobo, estuvo en Washington durante la primera semana de octubre. Pregonó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la droga, con plena aprobación del presidente Obama. En realidad, ambos aseguran la cobertura y el apoyo a una guerra contra campesinos empobrecidos, para promover los intereses económicos del hombre más rico y poderoso de Honduras.
Copyright © 2011 The Nation
Dana Frank es profesora de Historia en la Universidad de California, Santa Cruz, y autora de Bananeras: Women Transforming the Banana Unions of Latin America que se concentra en Honduras, y de Buy American: The Untold Story of Economic Nationalism. Actualmente escribe un libro sobre la intervención de AFL-CIO durante la guerra fría en el movimiento sindical hondureño.
rCR